En Contraste Veracruz

La real “bazurita” de la SSP

Posterior a una manifestación de aproximadamente 100 ex trabajadores de la extinta Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río, se reunieron en el recinto a Juárez con el jefe de oficina de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública, José Luis Navarrete Ortega para que éste le aclarara sus dudas de manera personalizada a más de 60 pensionados y personal que presenta algún tipo de discapacidad a causa de su trabajo –en donde curiosamente este funcionario corrió a la prensa pues no quería se supiera lo que ahí se tratase-.

En entrevista con los diferentes medios de comunicación, éste manifestó que los ex policías habían sido liquidados conforme a derecho, pero los quejosos argumentan todo lo contrario, pues algunos alegaban tener más de 40 años de servicio y sólo les dieron 35 mil pesos y donde tampoco saben en donde quedó el recurso del Subsemun.

Juan Galindo Flores, líder del movimiento de los ex policías, dijo que propiamente las autoridades estatales no los amedrentaron para aceptar paupérrima liquidación, pero si ejercieron mucha presión para obtener sus firmas y así justificar su “retiro voluntario”.

Con engaños, los ex oficiales signaron sus renuncias, pero estos argumentaron que era injusto puesto que no habían renunciado a su trabajo sino fueron separados, posterior a la desaparición de la corporación policíaca por parte de las autoridades estatales, para entregarle el absoluto control a la Secretaría de Marina a través de su Policía Naval (PN)

El lugar lucía tenso, y los ex policías y familiares de éstos rodeaban al jefe de Recursos Humanos de la SSP para exigirle información sobre su penosa situación. En el recinto el lugar había personas con vestigios notables de enfermedades crónicas, por algún tipo de incapacidad derivado de los diversos enfrentamientos a los que estaban inmersos debido a su actividad laboral.

Su cara reflejaba realmente desesperanza, que obviamente al gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa y al Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita no vislumbraron como importante y decidieron dejar sin empleo a 900 policías que integraban la corporación. Los ex policías están conscientes que es otro engaño de las autoridades el esperanzarlos con las “dichosas pruebas de confiabilidad” pues argumentan que la SSP establece requisitos que curiosamente están distantes de poder cumplir.

Algunos ex policías argumentan que uno de los requisitos impuestos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública para el ingreso de nuevo elementos, establece una edad máxima de 35 años, revisión física y un peso establecido.

“No hay posibilidad que nos contraten, pues nosotros estamos viejos para ser incorporados a la corporación, pues la mayoría pasamos de los 40 años; otro punto en contra es el 70 por ciento de los compañeros padece de diferentes enfermedades como la diabetes que obtuvimos luego de los diferentes sustos y estrés en el que estamos sometidos cuando protagonizamos un enfrentamiento con los grupos delincuenciales (…) nos quieren dar atole con el dedo” indicó un ex policía que por miedo solicitó no se evidenciará su nombre.

Indudablemente para quienes estamos fuera del problema podemos observar la falacia gubernamental.

Debemos de aclarar que los elementos policíacos separados de sus funciones se desarrollaban de acuerdo a órdenes precisas de sus altos mandos y que actualmente los veracruzanos no veríamos nada mal sentarlos también en el “banquillo de los acusados” y un momento dado reconsiderar su separación del cargo.

Luego entonces me pregunto, ¿por qué limpiar la casa de abajo y no terminar barriendo hasta llegar con quienes daban las órdenes a los ex policías?

Si se asegura que la corrupción en la Secretaría de Seguridad Pública estaba plagada de malos elementos, situación que originó la extinción de la corporación, entonces, se debe de cuestionar de la misma “vara” para todos los que la integran y no cortar el “hilo por lo más delgado”.

Mala estrategia, el enemigo número uno del priísmo veracruzano, Javier Duarte de Ochoa se encuentra decidido en entregar las elecciones del 2012 al Partido Acción Nacional y así garantizarles la silla presidencial, las diputaciones federales y la senadurías, mientras que los rojos verán pasar ante sus ojos la posibilidad de intentar robarse urnas para inflar las boletas electorales pues será la Policía Naval, al servicio del gobierno federal quien vigilen las elecciones.

Por otro lado, la ciudadanía harta de tanta mentira por parte de Duarte de Ochoa quien sólo ha utilizado el poder para emitir decretos “a contentillo” de él y sus servidores públicos; iniciativas favorecidas por sus “compinches” en el Congreso quienes tienen mayoría; dicho cansancio será el producto del voto de castigo en contra del PRI y así impedir sus anheladas aspiraciones políticas: sentar a Peña Nieto en la silla presidencial.

También el PRI debe de considerar que un ex policía cuenta con esposa, padres, hermanos e hijos con mayoría de edad; es decir, alrededor de 10 a 12 personas por cabeza quienes por razones de la lógica, jamás otorgarán sólo voto a los “rojos” derivado de su “retiro voluntario” impuesto por Arturo Bermúdez Zurita y por la sed venganza por verles perder.

El enemigo del priísmo ha logrado servir muy bien a Felipe Calderón Hinojosa. El presidente de la República ha sabido aprovechar la incapacidad e ineptitud de Javier Duarte de Ochoa para gobernar, que ha sabido manipular las cuerdas de su títere veracruzano a su antojo.

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