En Contraste Veracruz

Marco Lara Klahr

presunciondeinocencia.org.mx

Si los ciudadanos necesitamos obligadamente los servicios de un abogado para comprender y acogernos a una ley, significa que:

a) los legisladores no saben escribir o son producto cultural de una visión medieval de la Justicia, o ambas cosas;

b) nos costará más trabajo aprender esa ley y saber respetarla;

c) ignoraremos derechos y responsabilidades, y de qué forma ejercerlos;

d) como de hecho ocurre, quedaremos expuestos a pseudoexégetas del Derecho procesal, tan proclives al soborno, la componenda, el coyotaje en juzgados y la deslealtad hacia sus defendidos, tan ávidos ellos de honorarios fáciles.

Al ver Madres activistas de Xalapa [CIDEM, AC, 2012], el sobrecogedor documental de apenas 11 minutos con 19 segundos dirigido por mi querida colega Mayela García Ramírez, y que hoy [junio 17, 2013, Ciudad de México] será distinguido públicamente con el Premio «Género y Justicia 2012» por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vuelvo a sentir lo alejados que están los servidores públicos de los ciudadanos ―algo especialmente dramático en el ámbito judicial.

Exhibe un síntoma del colapso del sistema de justicia veracruzano, por obsolescencia normativa, corrupción y burocratismo machista: la utilización aviesa de la figura del «depósito o guarda de personas como acto prejudicial», prevista en el «Capítulo II» del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz y, como «depósito de personas», en el Artículo 254 ter del Código Civil para el Estado de Veracruz —conocida asimismo como «depósito judicial».

En un momento de México como el actual, cuando está en curso la implementación del sistema de justicia de tipo acusatorio, afincado en el «principio pro persona», hablar de «depositar» a alguien, y a un niño en particular, plantea ya un problema severo de perspectiva jurídica. Pero lo esencial es que se trata de una medida de protección que puede solicitar al juez ―y este dictar― uno de los cónyuges en casos de divorcio o violencia familiar, buscando proteger a los hijos si se les considera en riesgo.

En Veracruz, como en otros estados, se recurre de manera creciente a dicha figura para tomar represalia y, de acuerdo con el documental, son hombres quienes suelen servirse de ella contra mujeres que optaron por divorciarse de ellos, para separarlas de tajo de sus hijos, amparados en estas anacrónicas normas de orden civil, eventualmente, sobornando a jueces y otros operadores del sistema de justicia local, o presionándolos mediante «influencias» en el gobierno.

Desde de las voces de mujeres víctimas, va narrando el documental cómo funciona esta implacable maquinaria de la Justicia sexista. Mónica: «No veo a mi hijo desde el 5 de septiembre». Sarahí: «Yo no veo a mis hijos desde el 28 de enero [2007]». Brenda: «Sin ver a mi hijo estuve dos años y medio». Claudia: «Yo tenía sin ver a mi niño casi 4 meses». Mayela, la directora de esta eficaz pieza comunicacional: «Se está destapando una caja de Pandora, una situación gravísima de violaciones a los derechos humanos de las mujeres».

Se desgranan los testimonios teñidos de abusos y complicidades machistas. Brenda: «Pasó por el niño al jardín. Lo iba a llevar a comer y le iba a comprar juguetes, y ya nunca volvió mi hijo». Sarahí: «Viene, me los pide prestados, se los llevó, dijo que los iba a llevar a McDonald’s y ya no me los regresó». Claudia: «El policía, con la copia de la sentencia, le decía, ‘Es que la señora tiene la custodia, está usted cometiendo… [un] delito’, y él dijo, ‘No… yo tengo el depósito, retírense’». Mónica: «Yo me quedé súper sorprendida, no sabía qué decir, lo primero que pude decir, ‘¿Dónde está mi hijo?’. ‘Por él no te preocupes ―me dijo―, yo ya hice un depósito del niño a favor mío, y no lo vas a ver’».

Y así, in crescendo. Sarahí: «Lo denuncié por sustracción… de menores… no procedió, porque era el papá y él ya tenía un depósito judicial…». Brenda: «Recibí una llamada de su abogado diciéndome que no me acercara a mi hijo, que tenía un depósito judicial a favor de la abuela y que si yo iba a su casa iban a llamar a la policía y me iban a meter a la cárcel». Mónica: «Me empezó a amenazar que ya tenía jueces, peritos, servidores públicos comprados, que me revolcara donde quisiera… que no iba a poder hacer nada en contra de él, y que además no me atreviera».

En el extremo, Fabiola «Ha llevado un proceso legal que la ha mantenido seis años sin poder ver a sus hijas, que le fueron arrebatadas por su ex esposo, quien pertenece a una de las familias con mayor influencia política en Veracruz».

No obstante la negrura del paisaje, estas mujeres se organizan ya como Madres Activistas de Xalapa, no solo para recuperar plenamente a sus hijos, sino para combatir esta atrocidad machista. Y su aporte favorecerá una Justicia con perspectiva de género.