En Contraste Veracruz

SAYDA CHIÑAS CÓRDOVA

Coatzacoalcos, Ver.- (La Jornada) Periodistas del sur de Veracruz pidieron la transparencia en el proceso de investigación del asesinato del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz, empezando con el cambio del Juez, Uriel Dominguez Colío, hermano de la vocera del gobierno del estado. Además piden que desaparezca la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (Ceapp), un organismo burocrático que no ha respondido a los riesgos de la profesión.

En una carta dirigida a Enrique Peña Nieto, presidente de la República, a Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación y Javier Duarte de Ochoa, gobernador de Veracruz, organizaciones civiles y la opinión pública, los Periodistas de la región sur del estado firmaron una serie de acuerdos sobre el seguimiento de casos de reporteros asesinados o desaparecidos.

En presencia de representantes de una comisión de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Reporteros sin Fronteras, Periodistas de a Pie y Artículo 19, reunidos a raíz de la muerte del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz, tambien se piden mejores condiciones para el ejercicio periodístico.

Dentro de los acuerdos se exige la cabal procuración y aplicación de la justicia en el caso de Gregorio Jiménez de la Cruz, para que el seguimiento del proceso en contra de los inculpados de su muerte se conduzca conforme a Derecho, se asigne un abogado a la familia de la víctima, para que vigile que en caso de demostrarse su culpabilidad paguen por su crimen y no sean excarcelados por errores u omisiones en la integración del expediente.

También estén pidiendo que se retire del caso Gregorio Jiménez de la Cruz al juez tercero de Primera Instancia en Coatzacoalcos, Uriel Domínguez Colío, hermano de la coordinadora de Comunicación Social del gobierno del estado, Gina Domínguez Colío, para garantizar imparcialidad durante el proceso.

Exigen que el gobierno estatal o el gobierno federal, a través de las instancias correspondientes, garanticen la integridad física de la familia de Gregorio Jiménez de la Cruz, reubicándola si es necesario, siempre tomando en cuenta la opinión de sus integrantes, ademas de que otorgarles una fuente de ingresos.

En el mismo tenor, se pide a las empresas, Notisur y Liberal del Sur, que asuman su responsabilidad de proporcionar una indemnización a la familia de la víctima, conforme a la ley. Los comunicadores piden a los diferentes niveles de gobierno avancen en la restauración de las condiciones de seguridad de la sociedad en general en esta región, lo cual repercutirá directamente en la seguridad para los trabajadores de los medios de difusión.

También esperan que desaparezca la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (Ceapp) y que los 20 millones de pesos anuales que se destinan a ese organismo se utilicen en la creación de un fideicomiso para la compra de seguros de vida para los reporteros que acrediten debidamente el ejercicio de su profesión. El decreto deberá ser aprobado por el Congreso del Estado.

El documento además señala que se establezca un protocolo eficaz de reacción para que haya una respuesta inmediata de parte de las corporaciones, incluyendo al Ejército Mexicano, en los casos de privación ilegal de la libertad, tanto de periodistas como de cualquier miembro de la sociedad y que se establezcan mecanismos de capacitación para fomentar la cultura preventiva entre los periodistas, para no correr riesgos innecesarios.

Como último punto asimismo piden que se dé seguimiento al caso del periodista de Acayucan, Gabriel Manuel Fonseca Cuco, desaparecido desde el 17 de septiembre de 2011, sin que se tenga conocimiento de pesquisa alguna para localizarlo. Hasta el momento la familia del periodista no ha recibido ayuda, a pesar de la promesa gubernamental.