En Contraste Veracruz

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Xalapa, Ver.— Viajar en transporte público en la capital del estado será más caro a partir de este lunes 26 de enero. El pasaje urbano pasó de 9 a 12 pesos, un incremento del 33 por ciento que, aunque fue justificado por el Gobierno del Estado como un “ajuste inflacionario”, representa un golpe directo al bolsillo de miles de familias xalapeñas.
La propia gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, confirmó el aumento al señalar que la tarifa se encontraba rezagada desde hace años y que los concesionarios enfrentaban una situación financiera complicada. De acuerdo con la mandataria, la falta de actualización en el costo del pasaje provocó que varias unidades dejaran de circular, al no ser rentable su operación.
“Ellos traían una tarifa de 9 pesos, muy por abajo de la inflación, y por los kilómetros ya no les daban. Ya tienen varios vehículos parados, no están circulando. Nos hicieron la corrida financiera y se hizo este ajuste por la inflación en Xalapa”, explicó.
No obstante, el anuncio no estuvo exento de críticas. Para la ciudadanía, el aumento llega en un contexto económico adverso, marcado por el encarecimiento de productos básicos, servicios y rentas, lo que convierte al transporte público en un gasto cada vez más oneroso, especialmente para quienes dependen de él a diario para trabajar o estudiar.
Aunque la tarifa preferencial para estudiantes y personas adultas mayores solo subió un peso —de 6 a 7 pesos—, usuarios señalan que no todas las líneas respetan este descuento. En la práctica, estudiantes y personas con credencial del INAPAM han denunciado que algunos choferes cobran la tarifa general, pese a presentar identificación vigente, lo que agrava la carga económica para estos sectores.
La gobernadora precisó que, por el momento, el aumento se limita únicamente a la ciudad de Xalapa y aseguró que su administración mantiene diálogo tanto con los concesionarios como con la ciudadanía para buscar un equilibrio entre la viabilidad del servicio y su costo.
Sin embargo, el caso de Xalapa no es aislado. En municipios como Córdoba, diversas líneas de transporte urbano ya venían cobrando el pasaje en 12 pesos desde finales del año pasado, sin que existiera un anuncio oficial ni una justificación pública por parte de las autoridades estatales o municipales. A ello se suma que, en estas rutas, el descuento a estudiantes y adultos mayores tampoco se aplica de manera uniforme, evidenciando una falta de supervisión efectiva.
Para muchos ciudadanos, este escenario refleja una débil regulación del transporte público, donde los incrementos y abusos se aplican primero en los hechos y después se intentan regular en el discurso oficial.
Mientras el gobierno habla de diálogo y equilibrio, en la realidad el impacto de los ajustes sigue recayendo en los usuarios, quienes continúan esperando que cada peso extra que pagan se traduzca en un servicio digno, seguro y respetuoso de los derechos de los sectores más vulnerables.